Por su magnitud y su impacto transversal, el fenómeno de los incendios en el entorno rural ha dejado de ser una cuestión meramente técnica o sectorial para convertirse en un elemento estratégico que debe integrarse en la planificación y en la toma de decisiones de todos los Gobiernos locales.
Al igual que la revolución digital o el proceso de internacionalización han transformado la fisonomía de nuestras Administraciones, la creciente virulencia y complejidad de los incendios en el medio rural plantea hoy un reto de primer orden que incide en el núcleo mismo de la prestación de servicios públicos esenciales y, en última instancia, en la seguridad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La Fundación Democracia y Gobierno Local, fiel a su compromiso con el impulso de la modernización y la mejora de la gestión de las Administraciones locales, presenta esta obra monográfica de su Serie Claves del Gobierno Local como una respuesta directa a una demanda apremiante formulada por las propias diputaciones provinciales. En un momento en el que todavía celebramos efemérides tan significativas como el centenario del Estatuto Provincial, la Fundación, apegada siempre a la realidad cotidiana del entorno local, ha atendido la preocupación de los Gobiernos locales intermedios ante una problemática que, si bien es general, impacta de manera singular en la estabilidad operativa y presupuestaria de las entidades locales.

A través de sus capítulos, el lector encontrará un análisis riguroso de cuestiones que hoy resultan ineludibles para cualquier gestor local: desde la distribución competencial y el impacto presupuestario de las normas reguladoras de los bomberos forestales, hasta los desafíos laborales que plantea la estabilización de plantillas o la organización del tiempo de trabajo como medida de salud laboral. Especial atención merece el estudio del voluntariado, pieza clave en la resiliencia de la España rural, pero que, como se expone en estas páginas, requiere de un encuadramiento jurídico y operativo que evite riesgos de litigiosidad y garantice la seguridad y sostenibilidad de las entidades locales.