En la sociedad actual, la digitalización y el impulso de las capacidades digitales básicas supone un elemento indispensable tanto para el desarrollo personal y social como profesional, pues el canal electrónico se aplica en los trámites con las entidades bancarias, en la búsqueda de empleo y en las relaciones con las Administraciones Públicas, entre otros ámbitos. El problema surge cuando esa relación digital se impone, dejando a buena parte de la ciudadanía al margen de estos servicios, generando desigualdades y desamparo.

La presente monografía tiene como finalidad el estudio de la brecha digital que asola a la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, y que se ha visto notablemente intensificada en los últimos años con la aprobación de la actual Ley de procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. En particular, el estudio identifica los derechos y garantías de la ciudadanía que se ven vulnerados por su incapacidad de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, en un contexto de acelerada y desordenada digitalización que transforma los derechos en obligaciones electrónicas, y que progresivamente va afectando cada vez a más colectivos vulnerables. La obra cierra con algunas propuestas de medidas para reducir o paliar los efectos de esta brecha digital que, por el momento, no encuentra soluciones efectivas entre las adoptadas por nuestros poderes públicos.