Es una evidencia que la estructura organizativa clásica de las administraciones públicas tiene muchas dificultades para dar respuestas a los retos que plantean diferentes tipos de situaciones a las que se han de enfrentar en estos momentos. La aparición de nuevas de nuevas demandas sociales o políticas que no forman parte de la misión o de las competencias de una sola parte de la estructura orgánica sectorial de la administración, la necesidad de disponer de una visión integral e integrada en aquellas actuaciones dirigidas a determinados segmentos de la población considerados prioritarios desde el punto de vista de la acción pública y la limitación financiera de las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, nos llevan necesariamente a una transformación en el funcionamiento de la administración, en la línea de un aumento de la productividad en la creación de bien común de valor público y de una mejora de la eficacia en los procesos y los resultados.