La responsabilidad proactiva es un principio transversal que permea y posibilita la articulación de los demás principios recogidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Se traduce en un verdadero deber, que pesa sobre el responsable del tratamiento, consistente en la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la salvaguardia del derecho a la protección de datos personales y que resulten congruentes con el nivel de riesgo que se cierne sobre la actividad de tratamiento. Cuando el responsable del tratamiento es una administración pública, la observancia del principio de responsabilidad proactiva adquiere una relevancia y contenido singulares, atendiendo, entre otros factores que condicionan o caracterizan a los tratamientos desarrollados por administraciones, la finalidad (la salvaguardia de la protección de datos personales es un objetivo público que debe realizarse en toda actuación administrativa), alcance material (el volumen de datos personales y no personales que tratan las administraciones públicas es muy significativo), naturaleza del responsable (la Administración, que sirve con objetividad al interés general, no persigue la indemnidad jurídica en sus relaciones con los ciudadanos, sino la realización de los objetivos públicos en consuno con sus intereses) y contexto (relaciones jurídico públicas, más o menos formalizadas). El estudio de los rasgos singulares que caracterizan al principio de responsabilidad proactiva en el ámbito de la actividad administrativa constituye el objeto de este libro, que comienza con el análisis general del principio, desde la doble perspectiva comunitaria y nacional, para revisar a continuación la evaluación de impacto a la privacidad, como técnica asociada al principio y algunos tipos de tratamiento: los vinculados a la realización del principio de solo una vez "once- only principle" y a la ejecución de una aplicación específica en el dominio de los sistemas inteligentes de transporte: plataforma DGT 3.0. El estudio y sus conclusiones pueden resultar de interés, tanto a los operadores jurídicos que desarrollen su actividad en el ámbito de la protección de datos personales, como a los estudiosos de la administración pública electrónica, marco dentro del cual tienen lugar los tratamientos de datos personales y no personales por las administraciones públicas