La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones locales, regionales, nacionales y supranacionales para dar respuestas rápidas, efectivas y flexibles a retos sociales y económicos nunca antes conocidos. En este sentido, muchas de las medidas de carácter extraordinario adoptadas para gestionar la crisis tienen (y tendrán) importantes efectos políticos e institucionales a corto y largo plazo. Sin duda, el instrumento excepcional de recuperación conocido como Next Generation EU2 (en adelante NGEU) y el Marco Financiero Plurianual 2021-20273 (en adelante, MFP 2021-2027), constituyen los dos hitos más importantes de la respuesta supranacional a la pandemia. El NGEU junto con el MFP 2021-2027 han demostrado como los Estados miembros pueden acordar conjuntamente una política con financiación propia y «romper» con normas fundamentales de la cooperación supranacional, como la no emisión de deuda común y la no redistribución a gran escala para amortiguar el impacto de las crisis económicas (de la Porte y Jensen, 2021).

En el marco de esta obra colectiva, este capítulo se centra en los cambios introducidos por el NGEU y el MFP 2021-2027 en la gobernanza multinivel (en adelante, GMN) de la UE, especialmente en la política de cohesión. El objetivo principal es observar si estos cambios se limitan a decisiones rutinarias o si, por el contrario, alteran radicalmente los instrumentos y la jerarquía de objetivos que sustentan la política de cohesión, dando lugar a cambios en el sistema de GMN de la UE. Desde un punto de vista metodológico, esta investigación se basa en el institucionalismo histórico (en adelante, IH) (Pierson, 1996; Goetz y Meyer-Sahling, 2013; Verdun, 2015; Vanhercke y Verdun, 2022) y utiliza el método cualitativo de rastreo de procesos (Bennett y Checkel, 2015; Beach y Pedersen, 2019), con el fin de identificar procesos institucionales y seguir su evolución a lo largo del tiempo. Las principales fuentes de evidencia empírica utilizadas incluyen una extensa revisión de fuentes primarias como textos legales, informes, documentos oficiales de la UE y datos accesibles públicamente. También se han utilizado fuentes académicas relevantes, tanto clásicas como más recientes.