La directiva de protección de los denunciantes y su aplicación práctica al sector público

La directiva de protección de los denunciantes y su aplicación práctica al sector público

Autoría:
López Donaire, B. (Autor) / Gimeno Beviá, Jordi (Autor)
Editorial:
Tirant lo Blanch
ISBN:
978-84-11-13692-1
Año de edición:
2022
Páginas:
484
Materia:
Derecho administrativo
Resumen

La presente obra permite al lector conocer en profundidad la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y su aplicación al sector público. Y ello se hace indispensable, toda vez los canales de denuncia dejarán de ser una herramienta potestativa, como elemento clave de un modelo de compliance, para convertirse en una medida preceptiva en gran parte de las entidades de los sectores público y privado. Son muchos los temas que debe abordar la norma española de transposición de la Directiva, entre ellos, la admisión de los denunciantes anónimos, las empresas y entidades obligadas a establecer cauces internos, la definición de la autoridad competente para la denuncia externa o las medidas de protección de las personas informantes. Finalmente, hay que destacar la especial atención que se presta a la garantía del derecho fundamental a la protección de datos en el diseño y la gestión de los sistemas o procedimientos de denuncia (interna y externa) que se arbitren. Así, pues, esta obra ofrece un enfoque eminentemente práctico de la materia a fin de poder dotar a las Administraciones públicas, en particular ,y al sector público, en general, de una propuesta de regulación en España. El lector se encontrará al final de cada capítulo con las ideas claves o ideas fuerzas que recogen la esencia de lo estudiado en cada uno. En definitiva, este manual recoge las claves esenciales, prácticas y de gran utilidad para la correcta implantación de los canales de denuncia en el sector púbico. Hoy, más que nunca, la gestión eficaz de los mismos, forma parte del derecho a la buena administración.

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