La globalización económica junto con las transformaciones políticas, institucionales y sociales que han marcado los primeros años del siglo XXI demandan que los agentes económicos y sociales privados y los poderes públicos, tanto administraciones como otras entidades del sector público, colaboren y aúnen esfuerzos en torno a la recuperación económica y a la garantía de la gestión de los servicios públicos asistenciales, en tanto que tienen como destinatarios últimos a los ciudadanos, quienes, mediante el pago de los tributos correspondientes, contribuyen directamente a su mantenimiento y sostenibilidad. La apuesta por la innovación del Derecho administrativo de nuestros días persigue, como principal objetivo, potenciar la competitividad, la eficacia y la eficiencia de la actuación de las administraciones y entidades del sector público mediante la interacción creciente con los ciudadanos que demandan, cada vez más, un papel activo y de mayor participación en la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. En este sentido, el presente trabajo pretende poner de manifiesto la oportunidad y el reto que representa para las entidades de la economía social, en general y para el movimiento cooperativo en particular, la demanda de prestación de servicios asistenciales en colaboración con el sector público.