El mantra de la colaboración público-privada ha encontrado su culmen en la creciente participación de las entidades del Tercer Sector en materia de asistencia social. Sin soslayar su encomiable voluntarismo y generosidad, la Administración les ha dotado de una mayor capacidad de gestión en la vida de colectivos de indudable vulnerabilidad. El problema es que la Ley no ha habilitado suficientes medios económicos para brindarles una atención digna y ha construido un edificio jurídico endeble desde la perspectiva del Derecho administrativo. Así, ha promovido la concertación social, apartada de los postulados clásicos de la contratación administrativa; la Ley no ha previsto mecanismos de fiscalización y transparencia sobre estas entidades, que garanticen servicios sociales de calidad, especialmente en torno a la cualificación técnica y profesional; se privatizan la responsabilidad y el control de los servicios en plena sintonía con postulados de corte neoliberal. En definitiva, la Ley ha propiciado una suerte de huida del Derecho administrativo, al mismo tiempo que ha dotado a la Administración y a aquellas entidades de amplias facultades para garantizar y proteger derechos fundamentales tan básicos como la libertad personal, la intimidad o la integridad física de las personas, lo que conlleva una merma del principio democrático. Este libro tratará de analizar estas cuestiones con el ánimo de plantear una reflexión en profundidad en torno al Estado social de nuestros días.