Un estudio sobre las medidas laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género resulta especialmente oportuno en este momento por diferentes motivos. En primer lugar, porque al haberse cumplido más de quince años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, ya se está en condiciones de poder valorar de forma más precisa la eficacia de las medidas introducidas por esta norma, así como su posterior desarrollo tanto a nivel normativo como en el marco de la negociación colectiva, para dotar de una protección adecuada a las víctimas de violencia de género y, a partir de esta valoración, efectuar las necesarias propuestas de mejora. Y, en segundo lugar, porque, no cabe duda, que la posterior aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género está teniendo un impacto fundamental en la protección que se dispensa a este colectivo, tanto a nivel laboral como de protección social. Prueba de ello ha sido la aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que ya se han adoptado algunas de las propuestas recogidas en el referido Pacto de Estado, al que, están siguiendo otras modificaciones legislativas mediante las que se van introduciendo el resto de propuestas recogidas en dicho Pacto de Estado. A todo ello, debe añadirse, las diferentes reformas laborales y de seguridad social que han tenido lugar en los últimos tiempos y que han tomado en consideración la necesidad de protección de la trabajadora víctima de violencia de género y que también son objeto de análisis en esta monografía.