La privatización de la gestión de obras y servicios ha contribuido a descargar de responsabilidad a los poderes públicos y a desarticular, en mayor o menor medida, sus potestades y deberes constitucionales. Desde los inicios del s. XXI, la contratación pública ha ido explorando un enfoque estratégico que pusiera al servicio de objetivos sociolaborales la actividad interna y externa de los contratistas del sector público durante la ejecución de la prestación. Sin embargo, el respaldo normativo y político a esta perspectiva no ha evitado que diversas instancias jurisdiccionales y administrativas cuestionen e impugnen la contratación pública socialmente responsable, en general, y la validez jurídica de multitud de cláusulas sociales, en particular. En este estudio se analizan los múltiples factores que intervienen en el surgimiento y desarrollo de este fenómeno, así como las limitaciones y potencialidades jurídicas de la instrumentalización de los contratos del sector público para promocionar e impulsar el trabajo decente.